Anonymous whistleblowers report that the management of the Framework General Fund for Spanish Cooperation (FGE) at the Inter-American Development Bank (IDB) is weakened by a conflict of interest. The whistleblowers produced evidence, some of which was published in the Spanish press four months ago, that Carmen Albertos, the IDB staff member who administers the fund, also serves on the Executive Committee of the Socialist Party of Spain (PSOE) in Washington.

The IDB Code of Ethics is clear on this point:

[T]o preserve the independence and impartiality of their status as international civil servants and to avoid interference and conflict with their duties, they {IDB staff members] may not participate in partisan political activities that imply candidacy, acceptance of or appointment to public office or to a political party position. Accordingly, they must resign their position in the Bank prior to participating in such activities or accepting such offices, or becoming candidates for such positions (III.B.2).

Despite the fact that the details of the conflict of interest appeared in the newspaper ABC on October 2, 2011, IDB management has not addressed the issue. Moreover, the sweeping authority granted to Ms. Albertos, as trust fund manager, aggravates the problem: she alone can approve technical cooperation projects valued at up to €100,000.

Oversight of the fund is also compromised by the fact that the Spanish Ministry official responsible for supervising the Trust Fund lacks independence: she reports to the manager of the trust fund herself. Internal controls, therefore, are very weak. Finally, the whistleblowers show that the annual reports for 2008 and 2009 for the FGE lack any assessment of the effectiveness and impact of the projects financed. After 2009, FGE stopped releasing the reports, even internally at the IDB, and this lapse raises additional questions.

In separate letters to IDB President Luís Moreno and Executive Board member for Spain María Pérez-Ribes, GAP requested the release of the 2010 Annual Report for the Fund, but the request has not been acknowledged.

Over the course of the four months since ABC first reported the ethics problems associated with FGE, documents have surfaced showing that the Fund Manager has in fact approved two technical cooperation projects (RG T1712; ATN/FG 11046-CH) managed by another IDB staff member who serves with her on the Executive Committee of the PSOE: Juan José Llisterri. So the conflict of interest is not only apparent; it is real.

The conflict of interest is a matter that IDB management and the Government of Spain ought to take more seriously than they have done thus far. Non-reimbursable technical assistance funds of this kind are scarce, and must be monitored with strict controls. The Government of Spain has become, in fact, a very important donor of these funds, contributing more than twice as much than any other single IDB donor.

Apparently, the Spanish Government is somewhat careless when it comes to the management of the funds it establishes with inter-governmental organizations. The Spanish Trust Fund at the United Nations Development Program (UNDP) is now managed by Bernardo Kliksberg, who grossly mismanaged the IDB’s Inter-American Initiative of Ethics and Social Capital funded by the Government of Norway. Kliksberg’s business conduct was improper and irregular to such a degree that the IDB repaid the Norwegian Trust Fund for the amount he misdirected.

If trust funds at inter-governmental organizations funded by governments for earmarked initiatives are to be effective conduits of development financing, the management of them should be de-politicized and subjected to rigorous ethical standards. Otherwise these funds can easily be converted to slush funds, used by unscrupulous actors with privileged access to public money.

 

Bea Edwards is Executive Director and International Director for the Government Accountability Project, the nation’s leading whistleblower protection and advocacy organization.

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Traducción al español del artículo “Conflict of Interest in Management of Spanish Trust Fund at IDB”, publicado el 31 de enero de 2012 en la web de Government Accountability Project (GAP), organización sin ánimo de lucro con sede en Washington DC, EE.UU.

En la versión en inglés del artículo, disponible en la website de Government Accountability Project (GAP), se ofrecen hyperlinks a todos los documentos citados como pruebas documentales, para su visión y descarga.

CONFLICTO DE INTERESES EN LA GESTION

DEL FONDO GENERAL DE COOPERACION DE ESPAÑA

EN EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)

Por Bea Edwards, 31 de Enero 2012

Denunciantes anónimos de buena fe informan que la gestión del Fondo General de Cooperación de España (FGE) en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se ve comprometida y debilitada por un conflicto de intereses. Los denunciantes nos han facilitado pruebas documentales -de algunas ya se hizo eco la prensa de España hace cuatro meses- que demuestran que Carmen Albertos, la funcionaria internacional del BID que gestiona el FGE, también es miembro de la Ejecutiva de la Agrupación del PSOE en Washington DC.

El Código de Ética del BID es claro a este respecto:

Para preservar la independencia e imparcialidad de su condición de funcionarios públicos internacionales y evitar cualquier interferencia o conflicto con sus funciones, ellos (los empleados del BID) no podrán participar en actividades políticas partidistas que impliquen la candidatura, aceptación o nombramiento a un cargo público o político. Para ello, el empleado en cuestión deberá renunciar a su cargo en el Banco antes de participar en dichas actividades o aceptar dichos cargos, o convertirse en candidato para dichos cargos. (artículo III.B.2)

A pesar de que los detalles de este conflicto de intereses aparecieron en el periódico ABC el 2 de octubre de 2011, la Dirección del BID no ha abordado este asunto. Es más, la amplia autoridad delegada a la Sra. Albertos, como Gestora del FGE, agrava el problema: ella puede por si sola aprobar proyectos de cooperación técnica por valor de hasta 100.000 euros cada uno.

La vigilancia del Fondo General de Cooperación de España (FGE) en el BID también se ve puesta en entredicho por el hecho de que la funcionaria del Ministerio de Economía de España responsable de supervisar el FGE carece de independencia, ya que depende y está a las ordenes de la Gestora del Fondo, la Sra. Albertos. Por tanto, los controles internos son muy débiles. Asimismo, los denunciantes anónimos de estas ilegalidades indican que los Informes Anuales del FGE de 2008 y 2009 carecen de cualquier evaluación de efectividad e impacto de los proyectos financiados. Después de 2009, el FGE dejó de hacer públicos sus Informes Anuales, incluso dentro del BID, de modo que este lapso plantea interrogantes adicionales.

En cartas separadas remitidas al Presidente del BID, Luis Alberto Moreno, y a la Directora Ejecutiva de España en el BID, María Pérez Ribes, GAP ha solicitado oficialmente la publicación del Informe Anual del FGE de 2010, pero esta solicitud no ha sido respondida ni atendida.

En el curso de los cuatro meses que han transcurrido desde que el periódico español ABC informara de los problemas éticos relacionados con la gestión del FGE, han aflorado nuevos documentos que demuestran que la Gestora del FGE [Sra. Carmen Albertos] ha aprobado dos proyectos de cooperación técnica (RG T1712; y ATN/FG 11046-CH) liderados por otro funcionario internacional del BID, Juan José Llisterri, que también resulta ser colega de la Sra. Albertos en la Ejecutiva de la Agrupación del PSOE en Washington DC. Esto es prueba de que el conflicto de intereses no es aparente sino real.

Este conflicto de intereses es un asunto que la Dirección del BID y el Gobierno de España deberían tomarse mucho más en serio de lo que lo han hecho hasta ahora. Los fondos de cooperación técnica no reembolsable, como los del FGE, son escasos en los organismos internacionales, y por ello deben ser supervisados con estrictos controles. De hecho, el Gobierno de España se ha convertido en un donante muy importante de este tipo de fondos, con una contribución muy superior a la de cualquier otro país donante del BID.

Aparentemente, el Gobierno de España ha sido negligente en lo que se refiere a la gestión de los Fondos Fiduciarios que ha creado en organismos internacionales de naturaleza intergubernamental. También es muy preocupante la situación del Fondo Fiduciario de España en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que está actualmente gestionado por Bernardo Kliksberg, quien llevó a cabo una extremadamente mala gestión de la “Iniciativa de Capital Social y Ética” del BID financiada por el Gobierno de Noruega. La conducta de Bernardo Kliksberg fue tan deshonesta e irregular que el BID reembolsó al Gobierno de Noruega los fondos que ese funcionario había administrado mal.

Si queremos que los Fondos Fiduciarios creados por Gobiernos en el seno de organismos internacionales sean canales eficaces para la cooperación al desarrollo, su gestión debe estar despolitizada y sujeta a rigurosos estándares de ética profesional. De lo contrario, estos fondos pueden convertirse fácilmente en fondos para corrupción y ser utilizados por personas sin escrúpulos con acceso privilegiado al dinero público.

Beatrice Edwards es la Directora Ejecutiva y Directora del Área Internacional de The Government Accountability Project (GAP), organización apolítica y sin animo de lucro fundada en 1977 en Estados Unidos, con la misión de promover la ética y responsabilidad (accountability) del gobierno norteamericano, de las corporaciones norteamericanas, y de los organismos internacionales de cooperación al desarrollo (Ej. Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, ONU, etc) http://wordpress-350926-1087337.cloudwaysapps.com/program-areas