Un alto oficial migratorio denuncia fallos en la atención médica en la frontera y le dice al Congreso que la CBP ignoró sus reportes
This article features Government Accountability Project’s Immigration Counsel, Andrea Meza, and was originally published here.
Un alto oficial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por su sigla en inglés) ha denunciado ante el Congreso en una carta a la que tuvo acceso el diario The Washington Post que sus supervisores le cambiaron de puesto cuando apuntó presuntas deficiencias del proveedor médico que atiende a migrantes en las instalaciones federales en la frontera, y evitó investigar su denuncia.
La empresa señalada, Loyal Source Government Services, con sede en Florida, es ahora finalista de un nuevo contrato de cinco años con la CBP por 1.500 millones de dólares, cuya concesión se ha visto retrasada, en parte por la investigación de la muerte de una menor migrante. Entre tanto, la compañía sigue dotando de personal a las instalaciones federales en la frontera bajo un contrato de 25 millones de dólares al mes, extendido hasta que se cierre el nuevo.
Troy Hendrickson, que trabajó 15 años en la agencia federal, envió a través de sus abogados una carta en la que establece una cronología sobre sus preocupaciones sobre el contratista, al que atribuye fallas en la atención médica, además de escasez y falta de formación de su personal. Hendrickson dice que, desde enero de 2022, intentó que se advirtiera al contratista de supuestas “deficiencias impactantes”, tras tres años de denuncias de irregularidades, pero fue ignorado.
En la carta, Hendrickson asegura que le dijo a sus supervisores que Loyal Source tenía un déficit de personal del 40%, y además permitía a empleados que trabajaran sin las licencias adecuadas; y facturó de forma irregular pagos por millones de dólares.
“Trágicamente, un año después de que el Hendrickson fuera apartado de su puesto, Anadith Reyes murió el 17 de mayo de 2023 mientras estaba detenida en un centro de la CBP después de las repetidas súplicas de su madre de atención médica a personal” de la empresa, denuncia la carta. “Si esas preocupaciones se hubieran atendido en 2021 o 2022, Anadith podría seguir viva”, agrega.
Hendrickson envió su carta, de 20 páginas, a congresistas de ambos partidos en el Comité de Asuntos Gubernamentales y Seguridad Nacional del Senado; el Comité Judicial del Senado; y el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes.
“Esta denuncia tiene la esperanza de que la evidencia impulse una averiguación profunda sobre la mala administración, el desperdicio de fondos de los contribuyentes y las fallas indefendibles en la provisión y supervisión de los servicios médicos obligatorios a los no ciudadanos bajo custodia de la CBP”, le dijo al diario Andrea Meza, abogada del Proyecto de Responsabilidad Gubernamental.